“Obligaciones jubilares no se
suspenderán, ni se rebajarán por ningún concepto”
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores
continuó la recepción de observaciones y propuestas en torno al proyecto de Ley
de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Esta vez, escuchó
a los directivos del IESS, con la presencia de un significativo número de
jubilados y ante la preocupación de que con la eliminación del aporte del 40%
por parte del Estado, se suspendería el pago de las pensiones jubilares.
La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo,
aclaró que el organismo Legislativo tiene los informes de los estudios
realizados y del análisis técnico por parte del IESS, en los que se evidencia
que no existe ninguna posibilidad que se suspenda el pago de las pensiones
jubilares.
El director del IESS, Andrés Ponce, recalcó que el
Estado no debe un solo centavo al IESS por el 40% que estipula la Ley, ya que
el Ministerio de Finanzas ha hecho todas las transferencias hasta la fecha.
Explicó que para el 2015 el 40% representa 1.200
millones de dólares, valor que consta en el Presupuesto General del Estado.
Igualmente el matemático Antonio Tipán enfatizó que
de ninguna manera se suspenderá el pago de pensiones y existen los recursos en
el IESS para solventar estas obligaciones. Precisó que el estudio actuarial
recoge las condiciones de aportación, las condiciones de jubilación, el tipo de
pensiones con sus máximos y mínimos.
Aclaró que en la modificación al Art. 237 de la Ley
de Seguridad Social no se elimina el aporte del Estado.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
Rosana Alvarado, destacó los avances en cuanto a seguridad social y precisó que
éste ha sido el único gobierno que ha pagado al IESS 3.500 millones de dólares
y que con el proyecto se determina con claridad la obligación de solventar cada
una de las pensiones.
Operadoras telefónicas privadas
En otro orden la comisión recibió a los
trabajadores de las operadoras telefónicas privadas. Esteban Villalba en
representación de los trabajadores, cuestionó la modificación al Art. 97 del
Código de Trabajo que se incluye en el proyecto de Ley de Justicia Laboral,
argumentando que este es inconstitucional, regresivo y discriminatorio al
pretender rebajar sus utilidades.
El artículo en mención plantea que el techo de las
utilidades sea de 24 salarios básicos unificados incluyendo las cargas
familiares y los excedentes se destinarán a prestaciones solidarias para el
IESS.
Los legisladores también escucharon el testimonio
de Paola Dávila y Pamela Yépez trabajadoras de la operadora Movistar, quienes
señalaron que la reducción de las utilidades afectaría la economía del hogar,
toda vez que ese dinero lo utilizaban para la educación salud y vivienda de sus
hijos.
