173 personas privadas
de libertad en Guayas y Cotopaxi han solicitado audiencia para la revisión de
sus penas
Ciento setenta y
tres personas privadas de libertad (PPL), detenidas en centros de
rehabilitación social de Guayas y Cotopaxi, han solicitado las audiencias para
la revisión de su pena, acogiéndose al principio del ‘In dubio pro reo’ que
determina que si una norma posterior es más beneficiosa para el sentenciado
será aplicada retroactivamente. Así lo indicó el Presidente del Consejo de la
Judicatura, Gustavo Jalkh, este viernes 15 de agosto, durante un taller
realizado con periodistas de varios medios de comunicación sobre la aplicación
del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Del total de
peticiones, 103 son de PPL de la Penitenciaría del Litoral, 53 del Centro de
Rehabilitación Social Regional Guayas y 17 del Centro de Rehabilitación Social
Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. El titular de la Judicatura explicó que
para estos casos debe aplicarse el artículo 670 del COIP, el cual establece la
realización de una audiencia pública y oral, donde el juez decidirá si se acoge
o no la medida.
En cuanto a la
aplicación del procedimiento directo que dispone la nueva normativa, el
Presidente Jalkh indicó que desde la vigencia del COIP, en Guayaquil se han
registrado 69 audiencias de flagrancia, de las cuales 23 se tramitaron con el
juicio directo. En Quito hubo 50 procesos flagrantes y de estos, en 12 se
aplicó este procedimiento.
El Presidente
Jalkh explicó que las causas que se juzgan con el procedimiento directo, son
resueltas por el propio juez de Garantías Penales bajo el debido proceso.
“Recordemos que estos son casos de flagrancia y el fiscal tiene suficientes
argumentos para acusar y adicionalmente, 10 días para fortalecer la prueba.
Antes, debían ir a un tribunal con todo el costo en tiempo y recursos”, señaló.
El Consejo de la
Judicatura organizó el taller con el objetivo de aclarar las dudas que los
periodistas tienen sobre varios artículos del COIP. El vocal del Consejo de la
Judicatura, Néstor Arbito y el director de la Escuela de la Función Judicial,
Tomás Alvear, despejaron inquietudes relacionadas con el sistema de audiencias,
las sanciones para quienes no acuden a las diligencias, el procedimiento
directo, la mala práctica profesional, la aplicación de la norma más
beneficiosa para personas privadas de libertad, los nuevos delitos tipificados
en la normativa, entre otros.
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