ASAMBLEA NACIONAL

Comisión de Biodiversidad auditará y fiscalizará acciones de Chevron-Texaco

Con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que la Comisión de Biodiversidad se encargue de auditar y fiscalizar las acciones de la empresa transnacional Chevron-Texaco en Ecuador, así como también la participación de las instituciones públicas, funcionarios y autoridades que actuaron en contra de los intereses nacionales.

El asambleísta Fausto Cayambe, integrante del Consejo de Administración Legislativa, fue el encargado de mocionar que este organismo legislativo sea el encargado de llevar adelante el proceso de fiscalización.

Recordó que durante 26 años esta empresa multinacional explotó petróleo en la Amazonía y a partir de 1993 los afectados por el mal uso de tecnología plantearon una demanda en defensa de sus derechos. Han pasado 22 años y pese a que la justicia nacional e internacional ha reconocido estas malas prácticas no se ha cumplido el pago de 9 mil 500 millones de dólares.

Dijo estar seguro que el trabajo que se encargará a esta comisión permitirá contribuir a que se haga justicia en nuestro país y esta empresa transnacional compense los daños a la naturaleza, a los seres humanos de las provincias de la Amazonía y así la Asamblea Nacional pueda participar en este proceso de reivindicación de los derechos de la naturaleza y de los ciudadanos amazónicos.

Todos los ecuatorianos tenemos que participar y estar vigilantes para que Chevron-Texaco resarza los daños ambientales.

La comisión está integrada por los legisladores Carlos Viteri (presidente), Óscar Ledesma (vicepresidente) Arcadio Bustos, Alberto Zambrano, César Solórzano, Hólger Chávez, Marcela Aguiñaga (segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional), Pamela Falconí, Pepe Acacho, Raúl Tobar y Elizabeth Reinoso.

Entre tanto, el asambleísta César Umaginga al señalar que está de acuerdo con la propuesta, recordó que han transcurrido 23 años desde que esta empresa contaminó el suelo, el ambiente, los recursos naturales y provocó daños en la salud de varios ciudadanos al realizar la explotación petrolera sin tecnología adecuada.

Los más afectados fueron los pueblos y nacionalidades del territorio amazónico por la contaminación de ríos, fauna, flora, especies acuáticas que han desaparecido. Por ello, es trascendental investigar distintos hechos, los laudos arbitrales, la actuación de jueces y gobiernos de ese tiempo que no precautelaron el interés de la soberanía ecuatoriana, permitiendo el atropello y el desplazamiento de sectores indígenas, afirmó. 

Pidió que la Comisión de Biodiversidad también estudie el caso del pueblo Sarayacu. El Estado y la Asamblea Nacional tienen que velar por los interese de los ecuatorianos en defensa de nuestro territorio nacional, finalizó.