7 000 personas todavía permanecen albergadas en
Manabí y Esmeraldas
Ella encontró la forma para hacer útil los materiales de desecho de las
donaciones que llegaron tras el terremoto del 16 de abril. Convierte las latas
de atún en la base de alfileteros para agujas de costura. Y el cartón TetraPak
de la leche forma el soporte interior de coloridas carteras de tela. María de
Lourdes Cobeña trabaja sus manualidades en la puerta de su carpa, en el
albergue del antiguo aeropuerto de Portoviejo, que acoge a 149 familias, y
donde dicta talleres a otras albergadas.
La mujer de 47 años es una de las 7 001 personas que, seis meses después
del terremoto, continúan viviendo en 24 albergues de las provincias de Manabí y
Esmeraldas; un 58% menos de los iniciales. El balance de los seis meses arroja
cifras como la de 3,7 millones de metros cúbicos de escombros desalojados.
También 8 699 edificaciones demolidas en Manabí, donde aún restan por
derrocar otras 1 000, según el Comité para la Reconstrucción y Reactivación
Productiva. Y 658 derrocamientos se ejecutaron en Esmeraldas, donde faltan por
demoler 152 edificaciones. La casa donde vivía Cobeña sufrió daños en el techo
y paredes. Ella llegó a la antigua terminal aérea la misma noche del 16 de
abril.
Fue coordinadora de un grupo de 16 familias en una carpa grande, durante
las primeras tres semanas, antes de que los ubicaran en carpas individuales.
Allí vive desde entonces, junto a su hija de 18 años, en un espacio de 4 metros
por 3,30 m. “Es un poco incómodo y caluroso, pero estamos seguros, sobre todo, y
amparados por todo un personal de apoyo”, explica Cobeña. El lugar cuenta con
576 albergados, pero llegó a tener 1 300 personas.
Carlos Bernal, secretario Técnico del Comité para la Reconstrucción,
considera que se ha reducido rápidamente la población en los albergues gracias
a le entrega de casas y a los bonos de alquiler, alimentación y acogida. “La
población de los albergues tiene todas las atenciones, pero siempre se busca
una mejor calidad de vida para las personas afectadas”.
Se han entregado USD 7,3 millones en bonos de acogida, alquiler y
alimentación a 40 150 familias beneficiadas. “Comenzamos con 30 albergues, hoy
tenemos 24. Estamos próximos a cerrar otros cuatro. Antes teníamos 12 000
personas en albergues, hoy tenemos 7 000”, apuntó Bernal.
En total, el Gobierno prevé construir 25 proyectos habitacionales, 13 de
ellos están en ejecución y 12 en estudios. Ya se han entregado 62 viviendas del
Proyecto Sí mi Casa, en Manta; y 40 en Acuarela II, en Bahía. La ministra de
Vivienda, María de los Ángeles Duarte, explicó que además se construyen
viviendas en terreno propio, tanto en el sector urbano como en el rural, para
un total de alrededor de 22 000 casas. La asignación para vivienda es de USD
253,4 millones en proyectos para construcción en terreno urbanizado por el
Estado, y para reparación y construcción en terreno propio.
El Gobierno tiene asignados todos los recursos generados por la Ley de
Solidaridad, USD 1 499 millones hasta la fecha. Pero a seis meses del terremoto
aún existen familias viviendo en refugios improvisados. Solo en el barrio María
Auxiliadora, en Bahía de Caráquez, en el cerro del mirador La Cruz, hay casi
200 que acomodan colchones en carpas de caña y plástico, o que aún mantienen
pequeñas tiendas de acampar sobre las veredas.
El resto vive en terrenos que le han ganado al cerro; hay dos grupos de
refugios de láminas de metal. O armaron sus propios albergues con lonas, carpas
o plástico sobre canchas deportivas, ante la afectación parcial o total de sus
casas. “El Gobierno local nos tiene olvidados y los organismos del Estado
llegan a paso lento”, dijo Antonio Alcívar, dirigente del sector.
“Estamos esperando un informe de riesgo y hemos pedido que se sectorice,
porque hay sitios que no están en peligro, donde igual no hay permiso para
reconstruir”. La zona tiene antecedentes de deslizamientos con muertes y
también fue afectada por el terremoto del 1998. El presidente Rafael Correa
advirtió esta semana, en Manabí, que existen habitantes en zonas de riesgo que
se niegan a la reubicación y que deberán asumir su responsabilidad en futuras
desgracias.
En el barrio María Auxiliadora hay propietarios que se niegan a la
reubicación. Pero Lourdes Mera, de 33 años, se conmueve casi hasta las lágrimas
ante la posibilidad de ser reubicada en una casa. Lleva viviendo seis meses en
una pequeña estructura de perfiles de tubos de PVC y plástico, junto a sus tres
hijos y su esposo.(TOMADO DE DIARIO EL COMERCIO).-
