FONDO DE CESANTÍA DEL MAGISTERIO

El Fondo de Cesantía del Magisterio rechazó intención de pasar sus recursos al BIESS  

El proyecto de Ley del Fondo de Cesantía del Magisterio que se discute en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea es "ilegal y confiscatorio", señaló la mañana de hoy 23 de julio del 2014 la presidenta del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) de Pichincha, Mónica Almeida.

El proyecto fue presentado el 19 de mayo por el asambleísta de Alianza País, Holger Chávez, y plantea transferir unos USD 431 millones en activos acumulados hasta junio pasado por este fondo al Biess.

 "Los dineros que administra el Fondo son ahorros privados de los maestros y la propuesta es que pasen a ser administrados por una institución que solo está facultada para administrar dineros públicos.

Esto transgrede la Constitución y el estatuto del Biess que, en el artículo 3, señala que solo podrá administrar fondos públicos", indicó Almeida.

"En el directorio del Biess no estarán representados los partícipes del FCME y, por tanto, dejan de tener voy y voto, pasan a ser una cuenta contable y nada más", cuestionó Almeida.

Chávez, por su parte, justificó el proyecto en que "ha existido una corriente generalizada de malestar en lo que tiene que ver con el manejo de los fondos de los maestros en Bolívar y en el ámbito nacional".

Señaló que aquellos fondos antes ya eran manejados por el Seguro Social, pero luego pasaron a una administración privada. Otro argumento es que el fondo tendría aportes estatales.

"Si hay recursos del Estado, es obligación del Estado tomar acciones desde el punto de vista legislativo", precisó Chávez. Almeida rechazó esta aseveración. La ejecutiva insistió en que el origen de los recursos es privado y dijo que nunca han recibido el aporte de ninguna entidad pública.

Explicó que la única intervención que tuvo el Ministerio de Educación fue para la recaudación hasta 2009, pero la Cartera nunca hizo aportes, insistió. Además defendió la administración del FMCE. "Están técnica y profesionalmente invertidos los recursos", dijo. La Comisión debe resolver hasta el 1 de agosto si archiva o da trámite al proyecto de Ley.