CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP).

Mesa de Justicia evalúa aplicación del COIP y presenta reglamento para protección inmediata a víctimas de violencia intrafamiliar

La expedición de medidas de protección para las víctimas de violencia intra-familiar puede ser solicitada directamente por los fiscales que reciben denuncias sobre este tipo de casos. Así lo establece el “Reglamento de actuaciones Judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” que fue aprobado por el Consejo de la Judicatura el 5 de septiembre.

La normativa fue difundida en una rueda de prensa que ofrecieron este miércoles las autoridades de la Mesa de Justicia quienes además evaluaron el primer mes de vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según explicó el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, el reglamento establece un mecanismo operativo que permite a la Fiscalía y a las diferentes unidades judiciales de lucha contra la violencia intrafamiliar, expedir de forma ágil e inmediata la boleta de auxilio u otras medidas para proteger la integridad física, psicológica o sexual de los miembros del núcleo familiar.

“Cuando una persona se presenta ante las unidades judiciales contra la violencia a la mujer y la familia, aunque constituya un delito, el juez puede emitir la boleta de auxilio o la medida de protección pertinente, más allá de que derive el caso hacia la Fiscalía. Si no constituye un delito, emite la boleta y también continúa el trámite de la infracción”, señaló.

El titular de la Judicatura informó que el reglamento permitirá ofrecer atención oportuna a las víctimas que tenían inconvenientes para obtener las medidas de protección cuando se acercaban directamente a la Fiscalía a presentar la denuncia.

Para estos casos, la vocal del CJ, Karina Peralta, explicó que el fiscal respectivo debe solicitar, por cualquier medio (sea llamada telefónica, correo electrónico, etc.), al juez de Garantías Penales de turno que disponga las acciones de protección. El juez a su vez, “y sin perjuicio de que la causa se encuentre en fase de investigación”, debe emitirlas de forma urgente.

“Una vez notificada la medida de protección al presunto agresor, esta también debe ser registrada a fin de que en caso de incumplimiento, el juzgador remita los antecedentes a la Fiscalía para la investigación correspondiente”, señaló Peralta.

Asimismo, en aquellos cantones en donde todavía no existan jueces de contravenciones, los comisarios seguirán emitiendo las boletas de auxilio pertinentes para las personas que han sufrido de violencia intrafamiliar.

Balance del primer mes del COIP

En cuanto a los resultados obtenidos durante los primeros 30 días de la aplicación del COIP, el Presidente Jalkh destacó la innovación del procedimiento directo, que implica la resolución de la causa dentro de los 10 días posteriores al cometimiento de la infracción, cuando se trata de delitos flagrantes cuya sentencia es menor a cinco años.

Indicó que desde el 10 de agosto, fecha en la cual entró en vigencia el COIP, se adoptaron 177 resoluciones mediante este procedimiento. De estas, 71 fueron sentencias condenatorias y 67 de ratificación de inocencia. El resto fueron resoluciones de conciliación, inhibición o extinción.

“Esto (el procedimiento directo) se constituye en una herramienta efectiva y eficaz de lucha contra la impunidad, cumpliendo el debido proceso y con asistencia de la defensa pública en los casos que hace falta”, explicó.

Las autoridades de la Mesa de Justicia recordaron además que las personas privadas de libertad (PPL) que quieran beneficiarse con una eventual revisión de su sentencia, deben presentar una solicitud ante el juez, quien, en audiencia, analizará cada caso y decidirá si aplica o no el principio de favorabilidad. No se dispondrá la libertad de ninguna PPL sin audiencia previa.

Hasta el momento, 197 personas se han beneficiado de este principio. Sin embargo, todavía se encuentran pendientes de revisión 300 solicitudes más. Es por eso que la Fiscalía General propuso realizar jornadas extraordinarias para que fiscales, jueces y defensores públicos despachen las solicitudes represadas.