10 DE LULUNCOTO

Ocho de los 10 de Luluncoto deben regresar a prisión

 La Tercera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso de nulidad solicitado por los denominados ‘10 de Luluncoto’ con lo que se les obligará a cumplir el resto de la sentencia de un año de prisión correccional que se les impuso por el delito de tentativa de terrorismo.

Así lo informó el fiscal del caso, José Luis Jaramillo. “Se ha demostrado claramente, tanto la existencia del delito como la responsabilidad penal de cada uno de los ciudadanos ahora procesados, por eso se ha ratificado la sentencia dictada por el Tribunal”, ha dicho, citado por la cadena Ecuavisa.

Con esta resolución, la sentencia emitida por el Tribunal Tercero de Garantías Penales quedó en firme y los siete varones que recuperaron su libertad a través de un recurso de hábeas corpus, luego de nueve meses de prisión, deberán regresar a la cárcel para cumplir el año de sentencia.

Cristina Campaña y Abigaíl Heras cumplieron la totalidad de su pena; mientras, Fadua Tapia estuvo cinco meses con arresto domiciliario y en el supuesto que exista sentencia ejecutoriada, tendría que cumplir los siete meses que le restan. “Yo no tengo por qué correr, no he cometido ningún delito, soy una persona inocente y he dado la cara en todas las instancias como lo he hecho”, dijo Fadua Tapia.

La defensa de los jóvenes presentará un recurso de casación (revisión de la sentencia) ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en un intento por dejar sin efecto la sentencia. De no cumplirse este objetivo, plantearán también un pedido de revisión ante la Corte Constitucional (CC).

Los 10 de Luluncoto fueron detenidos el 3 de marzo del 2012 en el sur de Quito días antes de la denominada “marcha por la vida” y fueron acusadas de encontrarse preparando actos de violencia en dicha marcha. La marcha estaba prevista para el 8 de marzo y era organizada por el movimiento indígena y grupos de izquierda en contra de la explotación minera. Posteriormente fueron acusados de haber colocado bombas panfletarias en Quito, Cuenca y Guayaquil, por lo que fueron acusadas por el Ministerio del Interior, y luego por la Fiscalía, de actos de terrorismo.