CNNA defiende los derechos de las niñas y
niños
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
(CNNA) es un organismo público con representatividad ciudadana. Está encargado de velar por el respeto de los
derechos de niños, niñas y adolescentes y vigilar su cumplimiento.
En este ámbito, el Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia ha desarrollado desde su creación, acciones dirigidas a la
erradicación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en todos
los espacios y de manera concreta en el ámbito educativo; frente a ello se
puede nombrar:
Desde el año 2005, el CNNA ha impulsado 535 procesos de vigilancia y exigibilidad de cumplimiento de derechos en casos de vulneración o amenaza de derechos
de niños, niñas y adolescentes. También ha trabajado en asistencia y
asesoramiento a víctimas frente a recursos administrativos o judiciales
aplicables y medidas de protección requeridas y realizado seguimiento de casos
en los organismos de administración de justicia (ver gráfico adjunto).
El CCNA ha creado, además, la mesa
interinstitucional para la erradicación de delitos sexuales en escuelas y
colegios, integrado por MIES, INFA, Ministerio de Educación, Consejo de la
Judicatura, Fiscalía General del Estado, Concejos Cantonales, sociedad civil,
entre otros.
Ha asistido técnicamente en la formulación y
definición de Política Pública Provincial en 23 provincias del país, en la que
se priorizó el tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes, entre
ellos la violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes.
Se ha aportado en el desarrollo de códigos de
convivencia en escuelas y colegios. Asimismo, se han realizado aproximadamente
82 rutas de protección a nivel cantonal para la restitución de derechos en
situación de explotación sexual de niños, niñas o adolescentes.
Se ha realizado investigaciones para una
internet segura para niños, niñas y adolescentes con el fin de desarrollar
mecanismos de prevención frente al acoso y al cometimiento de delitos contra
este grupo de atención prioritaria a través de esta nueva tecnología.
Sobre el caso de la denuncia de violación a
una adolescente por parte del Sr. Jorge Glas Viejó, el CNNA, como vigilante de
derechos, requirió a la Fiscalía que su actuación se enmarque en los términos y
principios establecidos por la Constitución y la ley a fin de restituir de
manera inmediata los derechos de la adolescente.
Adicionalmente, solicitó información
relacionada al proceso, recibiendo como respuesta que dicha información, por
ser reservada, solamente podría remitirse una vez terminada la etapa de
Indagación Previa (etapa que aún no termina).
Además, el INFA-Guayas, en ejercicio de su
obligación de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, actuó de
oficio, y por decisión propia, al haber conocido del hecho. Conocidos los datos
de la madre de la adolescente, su dirección domiciliaria y otros elementos, se
sustentó la oportuna intervención del INFA-Guayas en el caso referido. El INFA-Guayas ofreció oportunamente apoyo
legal, sicológico y social a la madre de la adolescente (por cuatro
ocasiones).
Este apoyo fue inicialmente aceptado, pero
luego de unos días fue rechazado indicando que su hija no requería de apoyo
sicológico alguno y tampoco auspicio legal. (Los equipos del INFA-Guayas
integran una trabajadora social, una abogada y una psicóloga).
Los medios de comunicación deben
informar y no prejuzgar
Determinados medios de comunicación, y con el
afán de dañar la honra de un funcionario de Gobierno y atacar al Gobierno
Nacional, han priorizado el escándalo antes que apegarse a la veracidad de los
hechos.
Obstruir a la justicia es un delito, y
aseverar que se lo estaría haciendo, obstaculizando supuestamente las labores
encauzadas al esclarecimiento de hechos punibles es aún peor, pues imputar de
ello a cualquier persona constituye también un delito -un delito injurioso-, que atenta el derecho a la integridad
moral y el derecho a la honra,
garantizados por los arts. 66, numerales 3.a y 18 de la Constitución, sea que
lo haga cualquier persona o aun determinados medios de prensa.
Por esa razón, es necesario prevenir en la
importancia para la salud moral de la República, que afirmaciones
innegablemente injuriosas de ese tipo
–que lo único que hacen es envilecer el ambiente social para medrar del
dolor ajeno-, sean oportunamente
procesadas a través de los órganos de administración de justicia, mediante el
ejercicio de las acciones legales pertinentes.
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