La JRE se pronuncia sobre venta y consumo
de drogas en colegios
Ante las denuncias, reportajes
e investigaciones realizadas por varios medios de comunicación televisivos y
escritos respecto a la venta y consumo de drogas en los colegios de nuestro
país a raíz del lamentable fallecimiento de dos jóvenes en la provincia del
Guayas, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, JRE, manifiesta:
Saludamos la preocupación y
actividades periodísticas realizadas por dichos medios, pero al mismo tiempo es
necesario señalar y entender que ésta problemática no es nueva en las instituciones
educativas, es un fenómeno social que se ha venido desarrollando a pasos
rápidos desde hace varios años atrás y ante el cual, las autoridades de nuestro
país representadas en instituciones como el Ministerio de Educación, el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la
DINAPEN, el CONSEP, entre otras, poco han realizado para prestarle atención.
Es indispensable dejar en
claro, que los jóvenes no somos la causa del problema, ni delincuentes, ni
criminales, somos víctimas de la problemática, como resultado de tener una
sociedad que no garantiza una seguridad integral a sus habitantes y peor aún
oportunidades para la forja de un futuro digno. Condenamos la satanización y
criminalización a la juventud que se puede generar.
El gobierno de Rafael Correa
gasta millones de dólares en publicidad para vanagloriarse del incremento en la
inversión social y de su famoso Plan de Seguridad Ciudadana, pero el problema
no es cuánto se invierta sino la efectividad y los resultados de dicha
inversión; el incremento de la venta y consumo de drogas en los colegios es
consecuencia de que su Plan de Seguridad Ciudadana ha fracasado entre la
juventud y su inversión social no ha resuelto los verdaderos problemas de los
jóvenes.
Mientras la política social se
concentre en una visión clientelar, populista y demagoga regalando uniformes y
útiles escolares a los estudiantes y no en garantizar elementos sustanciales
para el desarrollo de la juventud como la atención a hogares disfuncionales o desintegrados
fruto de la migración, o contar con espacios de recreación equipados, seguros y
dignos, con fuentes de empleo y un acceso universal a la educación; mientras
los ejes del Plan de Seguridad Ciudadana sea la coerción y represión y no la
prevención, el problema continuará y crecerá.
Consideramos que la problemática no se solucionará
convirtiendo a los centros educativos en penitenciarías y a los docentes en sus
respectivos guías, ni tampoco con la militarización de las instituciones; nos
preguntamos: de toda la “gran inversión” que se ha hecho por parte del estado
en educación, ¿Cuánto se ha destinado al equipamiento, fortalecimiento y
capacitación a los Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil
(DOBES)?
Consientes que es un problema
a solucionar a un mediano y largo plazo, y que el Estado a través de sus
respectivas instituciones gubernamentales son los principales responsables, la
Juventud Revolucionaria del Ecuador propone:
- Exigimos al gobierno de Rafael Correa una inmediata revisión de su política social y de su Plan de Seguridad Ciudadana, en el objetivo de tomar verdaderamente a la juventud como un sector sustancial a atender.
- Exigir al régimen de forma inmediata la implementación de medidas preventivas como el desarrollo de charlas, talleres, capacitaciones en las instituciones educativas, coordinadas por las instituciones estatales respectivas pero en las cuales los principales protagonistas sean los estudiantes a través de sus organizaciones naturales como los clubes, directivos de curso, consejos estudiantiles y federación de estudiantes.
- La creación de brigadas de seguridad en cada colegio entre estudiantes, padres de familia y autoridades, con la respectiva capacitación por parte de las instituciones del estado para velar por la seguridad del estudiantado.
- Lamentablemente muchos jóvenes se han sumergido en el mundo de las drogas y por falta de recursos económicos en sus familias no se realiza el respectivo tratamiento para su recuperación y rehabilitación, pues solo hay centros privados o pertenecientes a ONGs o fundaciones. Proponemos que el estado asuma la construcción de centros públicos para el tratamiento de adicciones, y que sean totalmente gratuitos, por lo menos uno por provincia.
- El problema no se solucionará con represión a la juventud, sino solucionando los verdaderos problemas de los jóvenes y de las instituciones educativas, exigimos al estado se tomen medidas como: equipar de cerramientos seguros en los colegios, rehabilitación de los espacios de recreación de las instituciones, construcción de canchas y parques en los barrios pobres y marginales del país, equipar de alumbrado público alrededor de las instituciones educativas, crear fuentes de trabajo para la juventud mediante cooperativas de producción en los colegios, ejercer un mayor control y fortalecimiento a los DOBES y revisar las últimas reformas educativas que en vez de garantizar el acceso universal a la educación, la limitan.
Realizar inmediatamente encuentros nacionales
entre instituciones públicas, empresas privadas, instituciones educativas y
organizaciones estudiantiles y juveniles para discutir esta problemática y
elaborar un Plan Nacional de Seguridad Integral Juvenil.-
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